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PRONUNCIAMIENTO ANTE EL DECRETO Nº 2.248 MEDIANTE EL CUAL EL EJECUTIVO NACIONAL CREA LA ZONA DE DESARROLLO ESTRATÉGICO NACIONAL “ARCO MINERO DEL ORINOCO”

OBSERVATORIO GUAYANA SUSTENTABLE 04 DE MAYO DE 2017 Observatorio Guayana Sustentable: Organización No Gubernamental conformada por un grupo de profesionales de diferentes áreas del conocimiento (ciencias ambientales, derecho, geología, ingeniería, educación, minería, geografía, química, comunicación social, entre otros), residenciados en Ciudad Guayana, conocedores de la dinámica realidad social, ambiental, económica y política existente en el país y particularmente de la Región Guayana. Ante los planteamientos contenidos en el Decreto Nº 2.248 publicado en la Gaceta Oficial Nº 40.855 de fecha 24/02/2016, mediante el cual el Ejecutivo Nacional establece la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, el Observatorio ha considerado necesario realizar un aporte con el propósito de posicionar la Región Guayana en el estratégico rol a que está llamado a ocupar en el ineludible proceso de rescate de nuestro país.

INCONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO 2248 Los integrantes del Observatorio Guayana Sustentable, consideran importante direccionar los esfuerzos para derogar el decreto 2248, sobre la base de la realidad social, ambiental y económica del Estado Bolívar, considerando disposiciones contenidas en los artículos 127,128 y 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, Ley Orgánica del Ambiente, Ley de Bosques y Gestión Forestal, Ley de Calidad de Aguas y Aire, Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente, Ley de Protección a la Fauna Silvestre, Reglamento de Uso del Refugio de Fauna Silvestre y Zona Protectora de la Tortuga Arrau, Reglamento de Uso del Sector Oriental del Parque Nacional Canaima, Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Convenios 87 y 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Las principales razones que han de conducir a la derogación de este decreto se sustentan en: 1. El Estado viola el principio contenido en el Preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) que califica al equilibrio ecológico y los bienes jurídico ambientales del territorio nacional como patrimonio común e irrenunciable no solamente de los venezolanos sino también de la humanidad. Por tal motivo, limita a las actuales y futuras generaciones, el derecho individual y colectivo a disfrutar de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado, como se desprende del artículo 127 de la CRBV. 2.

De igual manera, el Estado viola las disposiciones contenidas en el artículo antes mencionado cuando con las actividades inherentes a la explotación minera, no garantiza que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, el clima y las especies vivas, sean especialmente protegidos.

3. El Estado promueve actividades degradantes del ambiente, cuando no considera el precepto constitucional consagrado en el artículo 128 de la CRBV que lo responsabiliza a desarrollar una política de ordenación del territorio atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales, económicas y políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable.

Para tal fin, el Estado debe honrar lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio, que le encomienda desarrollar el Plan Nacional y los Planes Estadales de Ordenación del Territorio, Planes Sectoriales, delimitación de ABRAES, entre otros, para garantizar la conservación del ambiente y de la biodiversidad; así como el desarrollo de actividades sociales y económicas compatibles con sus potencialidades y limitaciones, para coadyuvar al desarrollo integral de la Nación. 4. No fue discutido ni aprobado en el seno de la Asamblea Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 187 de la CRBV. 5. No contempla la obligación constitucional (artículo 129) y legal (Ley Orgánica del Ambiente y Decreto 1257 “Normas para la Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente”) de realizar Estudios de Impacto Ambiental y Sociocultural en las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas. 6. No establece la obligatoriedad de consulta de manera previa, libre e informada a los pueblos originarios cuando se aprovechen recursos naturales en sus hábitats a que está sujeto el Estado, tal y como lo establece el artículo 120 de la CRBV y no se toma en cuenta tampoco lo dispuesto en el artículo 7.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el cual se establece "...dichos pueblos indígenas deberán participar en la formulación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente" todo en concordancia con los numerales 2, 3 y 4 del mismo artículo. Por otra parte, también se contraviene el artículo 30, numeral 2, de la Declaración de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, la cual plantea que los Estados deben celebrar consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los medios apropiados y en particular por medio de sus instituciones y representantes antes de utilizar sus tierras para actividades militares, dado que se decretó la “Creación de una Zona Militar Especial para proteger a los municipios mineros de ataques violentos 7. El artículo 25 elimina tanto los principios de universalidad y progresividad de los Derechos Humanos, como los contenidos inherentes al derecho de libre asociación y reunión. La producción minera en la zona, se encontraría por encima de los derechos de los particulares. 8. En el mismo artículo 25 se establece la proscripción del derecho a la manifestación pacífica y el derecho a la huelga. Ambas consideraciones son contrarias a lo contemplado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; al convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a Libertad Sindical y a los artículos 53, 68 y 97 de la CRBV. 9. Violación del artículo 339 de la CRBV, el cual establece que la restricción de garantías constitucionales sólo puede hacerse de forma temporal, mediante la declaratoria de un Estado de Excepción por parte del Presidente de la República en Consejo de Ministros; decreto que debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y declarado constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia. 10. El artículo 2 del Decreto 2248 presenta inconsistencias en la delimitación del área, dentro de los que destacan: vértices erróneos, coordenadas que no coinciden con la descripción de los límites, topónimos inexistentes, entre otros, atentando incluso contra la soberanía nacional, al ignorar nuestra justa reclamación del Territorio Esequibo, al colocar como frontera Este, el límite de la República Bolivariana de Venezuela y no el Estado Bolívar. 11. Conjuntamente con la promulgación del Decreto 2.231, mediante el cual se autoriza la creación de una empresa del Estado, denominada Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), con el Decreto 2248 se estaría propiciando un proceso de desterritorialización, creando un Estado dentro de otro Estado, en donde solo tendrían cabida las decisiones de los militares

y ningún tipo de inherencia por parte de los gobiernos municipales ni estadales (alcaldías y gobernaciones). El Observatorio Guayana Sustentable considera de alta prioridad informar sobre el Decreto 2.248 y sus implicaciones en el desarrollo futuro de la nación. En la medida que los ciudadanos manejen la información, en forma adecuada, estarán en capacidad de formular propuestas objetivas, reales, claras y viables, para dar respuesta a la problemática socioambiental, económica y minera del Estado Bolívar. En este sentido, el Observatorio Guayana Sustentable suscribe y formula algunas mejoras a las propuestas del “Manifiesto de Guayana contra el Arco Minero del Orinoco” de fecha 30 de mayo de 2016, las cuales se mencionan a continuación. III. PROPUESTAS 1) Actualizar, consultar, promulgar y ejecutar el Plan de Ordenación del Territorio del Estado Bolívar y sus reglamentos de uso, con el objeto de armonizar las actividades económicas y sociales que se desarrollen en el Estado, de acuerdo con las potencialidades y restricciones de los espacios en su más amplia acepción. 2) Aprobar la reforma parcial del Decreto N° 2.165 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica, mediante el cual el Estado se reserva las actividades de exploración y explotación del Oro así como las conexas y auxiliares a éstas, que rescata la competencia de la Asamblea Nacional para la revisión y aprobación de contratos de interés público referidos a la exploración, explotación y demás actividades sobre los minerales propiedad de la república (artículos 150 y 187 de la CRBV). 3) Diseñar una política minera que contemple la creación de un ministerio específico para esta área, reformar la ley de minas y su reglamento y fortalecer las instituciones que tradicionalmente han investigado y evaluado las potencialidades mineras reales de la región, tales como Tecmin e Ingeomin, utilizando el talento humano venezolano. 4) Rescatar la institucionalidad, eficiencia, profesionalismo y funcionalidad del ministerio con competencia en el área ambiental, que liderice la estratégica función de promover y viabilizar el paradigma del Desarrollo Sostenible en la Región Guayana. 5) Circunscribir, formalizar, sanear, ordenar y controlar la actividad minera en la Reserva Forestal Imataca, únicamente en las áreas de excepción ya existentes por un tiempo determinado, con acompañamiento técnico profesional en el área geológica, legal, social, ambiental, y educativa, que garantice tanto la utilización de buenas prácticas mineras, como el seguimiento de las autoridades y la contraloría social por parte de distintas organizaciones sociales (ONG’s, Consejos Comunales, representación indígena, entre otros). Solo si estos elementos están presentes, sería posible realizar una minería menos agresiva con el ambiente, lo cual requiere conocimientos por parte de los actores involucrados, utilización de tecnologías limpias, voluntad política para ejecutarla, transparencia ante la opinión pública y una institucionalidad eficiente, capaz hacer cumplir nuestra legislación ambiental y minera. Una vez se agote el tiempo de explotación en los sitios designados, reglamentar dichas zonas como áreas de recuperación ambiental sustentable, pudiéndose utilizar en el futuro en actividades que impliquen entre otras, turístico recreativas y agrícolas. 6) Someter los planes y proyectos por desarrollar, (Plan de Ordenación del Territorio del Estado Bolívar, Planes Sectoriales, Planes de Ordenamiento y Reglamentos de Uso de las ABRAES) a los controles regulares establecidos en el ordenamiento jurídico nacional, hacerlos de conocimiento público, cumplir

con los procesos de consulta y las aprobaciones correspondientes por los órganos de representación nacional (Asamblea Nacional), regionales o locales, según el caso; con el fin de garantizar el resguardo de los intereses generales de la nación y de los intereses de las comunidades involucradas. 7) Apoyar los pronunciamientos que hasta ahora han sido formulados para la defensa de los derechos Indígenas y ambientales contemplados en la CRBV. 8) DEROGAR el Decreto No. 2.248, de fecha 24/02/2016, decretado por el Ejecutivo Nacional, mediante el cual se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero y publicado en la Gaceta Oficial No. 40.855 en función de los considerandos planteados en este documento. IV. GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO BOLÍVAR

El Estado Bolívar constituye una de las áreas geográficas más extensas de Venezuela (ocupa el 26% de su territorio, equivalente a 238.000 Km2), cuyas características físico-naturales la condicionan como una de las regiones con mayor diversidad biológica a nivel mundial (9º lugar). Cuenta con unas 18.000 hectáreas de bosques y concentra cerca del 80% de las reservas hídricas del país. En la entidad, se ubican importantes y exclusivos yacimientos minerales (bauxita, hierro, oro, diamante, tierras raras, entre otros) y se genera el 75% de la energía que se consume en el país. De igual modo, el estado cuenta con el 85% de su territorio bajo la figura de áreas protegidas (reservas forestales, parques nacionales, monumentos naturales, refugios de fauna, zonas protectoras, entre otros), que constituyen una riqueza paisajística única en el mundo, lo cual le confiriere en su conjunto, un extraordinario potencial turístico. Asimismo, es necesario destacar el potencial forestal del estado representado en las mencionadas reservas forestales; zonas cuyos suelos tienen alta y mediana vocación agrícola y pecuaria, así como numerosos ecosistemas acuáticos con alto potencial pesquero. Este enorme acervo de recursos naturales, ha sido la base para proyectar y concretar en este estado, el más importante conglomerado industrial del país, donde destacan las empresas productoras de hierro, acero y aluminio primario, alrededor de las cuales se ha generado un denso y especializado sector de servicios, que en su conjunto ha llegado a generar alrededor de 100.000 empleos productivos directos. El conjunto de estas condiciones, unido a su ubicación geoestratégica y al talento humano experimentado con el que cuenta, convierten al Estado Bolívar en la zona ideal para construir en Venezuela lo que se ha dado en denominar la Alternativa No petrolera del País. Sin embargo, por múltiples factores de actuación humana y especialmente durante los últimos años, el aprovechamiento de tan importante gama de recursos naturales, no ha sido realizado con la visión de sostenibilidad económica, social y ambiental que se requiere, ocasionando un progresivo deterioro de sus ecosistemas, atentando contra la posibilidad de lograr un desarrollo sustentable en la Entidad. Numerosas son las situaciones que en el Estado Bolívar ilustran esta condición, destacando el deterioro progresivo de sus bosques, la contaminación de suelos y cuerpos de agua superficiales y subterráneas, contaminación atmosférica en los principales centros poblados, disminución significativa de poblaciones de fauna y flora autóctonas, entre otros; todo lo cual conforma un cuadro de inviabilidad e insostenibilidad de este “modelo” de desarrollo, que de no modificarse, puede incidir decisivamente en el retroceso económico y social de la región y del país. Frente a esta situación, es imperativo el ejercicio de una gestión ambiental que garantice el desarrollo sustentable del estado Bolívar, para lo cual se propone a los gobiernos central, regional y municipal, incorporar en sus planes de desarrollo, el “Plan Maestro para la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sustentable

en el Estado Bolívar” que ha sido planteado por Bastardo, Z; Guzman, F; Guzmán, L; Jorge, A; y Urich, L. (2013), como plataforma para abordar este importante reto de manera científica, progresiva y sistemática. El referido Plan, define una Política Ambiental, siete (7) Estrategias y veinte (20) Proyectos, cuya ejecución permitiría abordar el inicio de un proceso de reversión de la actual situación de deterioro y contaminación ambiental existente y el comienzo de la implantación gradual de un modelo de desarrollo sustentable, en aras de incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de la población del Estado Bolívar. Por último, se destaca que en atención a la naturaleza compleja del tema ambiental, el Plan que se propone posee elementos vinculantes de carácter transversal y horizontal entre la gobernación e instituciones del Estado, sociedad civil organizada y organismos internacionales, lo cual determina la necesidad de un intercambio de información y retroalimentación continua para garantizar la viabilidad de las políticas públicas implícitas en el Plan y, con ello, el desarrollo socio-económico sustentable del Estado. A modo enunciativo, se mencionan a continuación, las estrategias del mencionado Plan Maestro para la Gestión Ambiental y el Desarrollo Sustentable en el Estado Bolívar: 1) Actualización, consulta, promulgación y ejecución del Plan de Ordenación Territorial del Estado Bolívar, como herramienta para el desarrollo sustentable de la entidad. 2) Declaración del las cuencas hidrográficas de la Región Guayana como estratégicas para el desarrollo sustentable de esta zona y del país. 3) Elaborar, consultar y decretar las Zonas de Protección de los embalses y perilagos que integran el sistema hidroeléctrico del bajo Caroní, así como los respectivos planes de ordenamiento y manejo de los mismos. 4) Promover como política de Estado, la implantación de la cultura de la ecoeficiencia en los sectores productivos del estado Bolívar, como vía para el uso sustentable de los recursos naturales, mejoramiento de la productividad empresarial, generación de empleo verde, reducción de los índices de contaminación y degradación ambiental y mejoramiento de la salud pública. 5) Facilitar y promover el avance hacia ciudades sustentables en las capitales de municipio del Estado Bolívar. 6) Participación de la sociedad civil organizada en los planes de desarrollo de la entidad. 7) Fortalecimiento institucional y jurídico del área ambiental en el Estado Bolívar.

Por el Observatorio Guayana Sustentable José María Fernández Luis Guzmán. Ana Jorge Zidy Bastardo Eleuterio Benítez Gonzalo Febres Gustavo Veitía Carol Valeri Noel Mariño Jesús Guzmán Florencia Cordero

C.I: 7.925.119 C.I: 4.077.317 C:I: 5.149.967 C.I: 8.301.665 C.I: 3.372.903 C.I: 3.031.657 C.I:10.275.805 CI: 5.595.000 C.I: 3.664.621 C.I: 5.553.012 C.I: 5.221.364

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